El fiscal José Pérez hizo la declaración en la víspera de una nueva audiencia del proceso, iniciado la semana pasada, contra Fujimori, su exesposo norteamericano, Mark Vito, y otros 46 imputados y decenas de testigos de la acusación, entre ellos otrora ministros y miembros del entorno político y personal de la dirigente.
En declaraciones a la prensa, Pérez citó el caso del grupo financiero encabezado por el Banco de Crédito, que hizo los aportes en efectivo, contra la legislación que obliga a realizar mediante operaciones bancarias las transferencias de asumas importantes.
El acusador señaló además que “las entidades financieras no auspician, no patrocinan a partidos políticos; eso está prohibido por ley.
Si es que ellos hubieran creído que esto no era delictivo”, el citado banco cumplió con bancarizar su contribución.
El aporte en efectivo fue confesado por el banquero Dionisio Romero Paoletti y el acusador, ante la posibilidad de que se niegue a declarar, señaló que presentará la transcripción de sus declaraciones en la Fiscalía y que no podrá retractarse de lo dicho, quien figura solo como testigo.
La acusación fiscal sostiene que Fujimori recibió más e 18 millones de dólares y no todo ese monto llegó a las campañas electorales, lo que ella niega.
La hija del exgobernante Alberto Fujimori se declaró víctima de Pérez y afirmó que este actúa contra ella por intereses políticos.
Sobre los augurios de los abogados de la acusada y la prensa, que pronostican que el juicio puede durar hasta cuatro años por el elevado número de imputados, dijo que la mayoría son involucrados por haberse prestado a aparecer falsamente como aportantes a fin de justificar el uso de fondos recibidos ocultamente de empresas y otros contribuyentes.
Entre esos donantes figura la Confederación de Empresarios Privados, que financió una campaña contra la posible elección de un gobierno de izquierda en las lecciones de 2021 y alega que esa no fue una manera de interferir en los comicios.
Pérez dijo que el enmascaramiento de los fondos, denominado “pitufeo”, solo será confirmado por quienes fueron utilizados para ello, y cada testimonio no tardará más de 15 ó 20 minutos.
Sin embargo, dirigentes del partido de Fujimori, Fuerza Popular y medios de prensa afines afirman que el proceso puede prolongarse mínimamente dos años y llegar hasta cuatro, ante lo cual Pérez consideró que las audiencias semanales podrían incrementarse a más de las dos determinadas por el Poder Judicial.
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