Al finalizar la LXIV Cumbre del organismo, señalaron que reconocen que el creciente desarrollo del crimen organizado transnacional resulta una amenaza, con consecuencias no solo para la seguridad de los países de la región, sino también para la estabilidad democrática, el desarrollo socioeconómico y la paz regional.
Coincidieron en que el crimen organizado transnacional constituye un problema global que debe ser enfrentado de manera decidida, conjunta, coordinada e ininterrumpida entre los Estados Partes y Estados Asociados.
Para ello se deben acordar e implementar acciones concretas en materia de seguridad regional; orientadas a desarticular, desalentar y con ello disminuir ostensiblemente la delincuencia, los daños a la vida y la inseguridad de los ciudadanos.
Destacaron la necesidad de intercambiar informaciones y experiencias de manera segura y oportuna, tendientes a desarrollar a nivel regional, investigaciones, estudios y diagnósticos operacionales y estratégicos sobre la situación del crimen organizado trasnacional.
Además, las amenazas que ello genera y el impacto negativo de estas en las distintas áreas de desarrollo, así como en la seguridad y la convivencia ciudadana.
Acordaron generar e implementar estrategias de seguridad para el desarrollo común, acorde a los nuevos desafíos, mediante acciones simultáneas, coordinadas y complementarias, con el fin de reducir el impacto negativo que genera la delincuencia en la ciudadanía.
Todo ellos bajo la premisa regional que la Seguridad y el Desarrollo constituyen pilares fundamentales para lograr el bienestar general de nuestros pueblos.
También concordaron en la importancia de la coordinación permanente en la lucha contra el crimen organizado transnacional, entre los Estados Partes y Estados Asociados.
Además del desarrollo de estrategias articuladas entre los organismos de seguridad con miras a la planificación, ejecución y evaluación de acciones operacionales y estratégicas.
Destacaron la relevancia de que los Estados Partes y Estados Asociados diseñen e implementen campañas de comunicación dirigidas a los ciudadanos del Mercosur, que permitan visibilizar y sensibilizar acerca de la problemática del crimen organizado transnacional.
Además que visibilicen el impacto negativo en la sociedad, y en especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, impulsando mecanismos de colaboración entre las distintas instituciones de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la academia.
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