Con 132 votos afirmativos, en una sesión virtual este lunes, el legislativo dio luz verde a las modificaciones legales derivadas del proceso consultivo en el cual los ecuatorianos se pronunciaron a favor del endurecimiento de penas y de otras medidas contra la inseguridad.
La condena en el caso de terrorismo pasa de 10 años de prisión a 26 años; por tráfico de drogas, que llegaba hasta 13 años, será de 26 años; por secuestro cambia de 22 a 26 años, sicariato, que tiene pena máxima de 26 años, con la reforma llegará hasta los 30 años.
Acusados por minería ilegal podrán ser sancionados hasta 20 años de cárcel y la delincuencia organizada se castigará con pena de entre 22 y 26 años tras las rejas.
De igual forma, los legisladores aprobaron que no sea necesaria una sentencia penal para que bienes de origen ilícito pasen al Estado.
La normativa aprobada será remitida al Ejecutivo en las próximas horas para su visto bueno o veto.
La bancada opositora del movimiento Revolución Ciudadana (RC) afirmó que votó a favor de la propuesta, pero advirtió que “faltan las decisiones profundas, sociales, urgentes”.
Tenemos claro que la solución pasa por la implementación de un gran sistema de inteligencia, la creación de empleo digno y la erradicación de la infiltración de los grupos delictivos Organizados en las instituciones del Estado, insistió la RC.
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