Preguntada sobre si está considerando un posible adelanto de las elecciones generales ante el citado sondeo privado, en el que repite el 90 por ciento de desaprobación ciudadana del mes anterior, y el Congreso tiene un rechazo de 94 por ciento, se limitó a responder que “vamos a seguir gobernando hasta el 28 de julio de 2026”.
En esa fecha se cumple el quinquenio de gobierno para el que en 2021 fue elegido Pedro Castillo -encarcelado y destituido por intentar disolver el Parlamento-, a quien Boluarte reemplazó en diciembre de 2023 por sucesión.
Ante otra interrogante sobre su baja aprobación en la reciente encuesta, dijo como respuesta que lo que baja en Perú es la inflación, a diferencia de lo que ocurre en países vecinos, lo cual favorece a la población.
La mandataria, ante preguntas sobre investigaciones de la Fiscalía de las que es objeto por diversas causas, dijo que hay que esperar el desarrollo de las pesquisas.
Respecto a una ley aprobada por el Congreso que viabiliza la prescripción de crímenes contra los derechos humanos cometidos antes de 2002, contestó que el Ejecutivo no ha recibido el texto aprobado para analizarlo.
Sin embargo, hoy mismo el primer ministro, Gustavo Adrianzén, anunció que la mandataria y el titular del Congreso, Alejandro Soto, firmaron en conjunto una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que rechaza el requerimiento de esta de que los poderes del Estado no aprueben la polémica legislación.
“Todavía no hemos recibido esa ley y cuando llegue a la Presidencia del Consejo de Ministros haremos una evaluación, partiendo por supuesto de lo que opine el Ministerio de Justicia”, dijo Adrianzén.
Los términos de la misiva fueron interpretados por diversos medios de prensa como una señal de que el Ejecutivo, cuya estabilidad depende del Congreso, cerrará filas con este en torno a la legislación considerada ilegal por un amplio sector de juristas y analistas políticos.
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