El artículo califica al procedimiento como un delito y según las representantes de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, la fundación Desafío, el Observatorio de Género y Diversidad, así como de la Red Fe, con el mismo “se vulnera la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres”.
«Lo que queremos una despenalización total del aborto. Eso quiere decir que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo y estamos amparadas por el artículo 66 de la Constitución», demandó la presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres, Lizi Ernest.
Los colectivos de mujeres en esta nación sudamericana buscan poder acceder al aborto de forma fácil y sin las restricciones u obstáculos de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Esto pasa principalmente a quienes provienen de sectores rurales, pobres, indígenas y alejados. “No pueden acceder a un servicio de aborto seguro», añadió Ernest.
Las demandantes hicieron un llamado al presidente Daniel Noboa y a las instituciones de justicia a velar por la salud de las mujeres y a respetar la autonomía de sus cuerpos y decisiones.
Actualmente, el aborto está penalizado en Ecuador con hasta tres años de prisión, excepto en casos en los que el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, o tras una sentencia de la Corte Constitucional de 2021, cuando el embarazo es consecuencia de violación.
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