Un grupo de 13 congresistas presentaron el recurso ante la negativa a tratar el tema por la funcionaria estatal, quien «se niega a cumplir» con el pago de distintos componentes que determinan los sueldos de los trabajadores docentes, reportó el periódico Delfino.
Los conceptos de pagos deficitarios incluyen un aumento por el costo de la vida, salarios incompletos y una falta de reconocimiento a lecciones impartidas, argumentan los diputados de las formaciones Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista e independientes.
Otros componentes por admitir de parte de Müller y sus financistas son recargos sin registrar, rebajos injustificados y un impago de prestaciones, alegan los autores de la moción de censura contra la ministra de educación.
La demanda contra Müller cuestiona, además, que dicha Defensoría determinó en una visita a la unidad de reclamos salariales del MEP que existen unos 60 mil reclamos pendientes de resolver, correspondientes a 37 mil personas, del total de 88 mil trabajadores que tiene la institución.
Los parlamentarios reprochan también a la titular por «apoyar» un millonario recorte de fondos del presupuesto del MEP para el año 2025, lo que convertiría el presupuesto para educación en el más bajo de los últimos años, y también muy lejos del mandato constitucional del 8 por ciento del PIB.
El grupo de defensores de la censura recordaron que la ministra tampoco asistió a una citación el 10 de junio de la Defensoría de los Habitantes para informar sobre el asunto, actitud que –subrayaron- «transgredió el deber de rendición de cuentas».
La Defensoría de los Habitantes anunció el 17 de junio que acelera su proceso de intervención para resolver las irregularidades salariales del MEP que origina las fuertes quejas de su personal.
Funcionarios de esa instancia de control del ordenamiento jurídico y moral del sector público detectaron atrasos en el pago de conceptos salariales y otras violaciones.
Según la líder de la Defensoría, Angie Cruickshank, las irregularidades en el pago a los educadores proceden tanto de períodos fiscales actuales como de otros vencidos, a lo cual se suman dificultades en la cancelación oportuna de las prestaciones legales en materia laboral. Definitivamente el MEP –aseguró- debe trabajar en soluciones a todos los niveles “para garantizar el respeto al pago en tiempo del salario completo, en resguardo a los derechos laborales de esa institución”.
Cruickshank destacó que la Defensoría abrió una investigación estructural de oficio para
analizar “de manera exhaustiva e integral los procesos en el trámite de los reclamos administrativos del sector”.
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