La Asamblea Legislativa (parlamento) aprobó este miércoles una moción para solicitar al Ejecutivo esas medidas, mientras el Ministerio de Educación Pública (MEP) abrió un procedimiento administrativo contra el director y la orientadora del Liceo de La Palmera, en la nororiental localidad de San Carlos, provincia de Alajuela.
Los 46 diputados presentes en el Plenario votaron en favor de la propuesta, tras la agresión contra la colegiala por un joven de 16 años, que devino viral en los medios y originó un escándalo, por reflejar la violencia extrema en el país y la incapacidad oficial para enfrentarla.
El Congreso demandó frenar los abusos y la violencia manifestada entre los jóvenes de los centros educativos y rechazó lo sucedido con la joven.
“Fue humillada”, expresa el texto presentado por la diputada independiente Gloria Navas y apoyada por todos los legisladores, sobre el abuso que sufrió la estudiante, “a quien nadie le brindó una mano de ayuda”, publica el periódico El Observador.
La moción parlamentaria recuerda que en lo que va de 2024 hubo 29 muertes violentas de mujeres, de las cuales 10 fueron clasificadas como femicidios y 18 están pendientes de clasificar.
Para la legisladora, “es responsabilidad del gobierno garantizar un entorno seguro y libre de violencia para todos los estudiantes”.
La propuesta de Navas llama a desarrollar políticas claras y efectivas que aborden la violencia de género en las escuelas, colegios y universidades, incluyendo medidas preventivas y de respuesta.
Por su parte, la ministra Anna Katharina Müller confirmó una investigación contra otros estudiantes involucrados en el hecho y el chofer del bus, por no intervenir en la acción violenta contra la niña.
La titular ratificó lo dicho por una de las abuelas de la víctima en una entrevista con Telenoticias, en la que sostuvo que, el 27 de junio (un día antes de que acabaran las vacaciones), “los padres de la menor interpusieron una queja ante el centro de enseñanza”.
El Ministerio Público anunció la víspera que prepara la acusación y solicitud de medidas cautelares contra el adolescente de 16 años que agredió y humilló a la menor.
La Fiscalía reaccionó ante la extraordinaria presión popular, mediática, política y legal para que el Gobierno actúe contra las causas que originan estos hechos.
El ejecutivo fue presionado, además, por una excepcional reacción de la población, que interpretó el hecho como una humillación a sí misma, y por la explosión crítica de los medios, cuyos espacios televisivos censuran, además, la falta de solidaridad de personas que presenciaron los hechos y algunos hasta los filmaron.
“La Fiscalía Penal Juvenil, sede San Carlos, informó que se encuentra atendiendo un caso de agresión cometido en perjuicio de una colegial, que trascendió luego de la viralización de un video”, expresa de forma sucinta un comunicado oficial difundido por la prensa.
El Patronato Nacional de la Infancia, por su parte, explicó que existen canales para interponer denuncias en casos de “acoso escolar”.
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