“(…) El señor Hamdan, efectivamente ha actuado desde el punto de vista penal, pues él ha tenido no solamente conversaciones, sino acciones que se han materializado en esta toma de la plaza Murillo”, sostuvo el vicetitular de la cartera de Gobierno (Interior).
Autodenominado activista, pero sin reconocimiento oficial de las organizaciones bolivianas legalmente establecidas de derechos humanos, Hamdan es acusado de la presunta comisión de los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
Según investigaciones preliminares, militares implicados en el caso testificaron que el activista político se reunió con el exjefe del Ejército Juan José Zúñiga, cabecilla de la asonada, y participó de la planificación del fallido golpe.
“El abogado Jorge Valda, alejándose de la práctica del Derecho, incurre en actividades políticas, la misma actividad que ha realizado el ingeniero Fernando Hamdan”, afirmó Aguilera.
De acuerdo con el propio Valda, el acusado contactó con Zúñiga, en una reunión personal, que se realizó el 24 de junio y tuvo una larga duración.
En esa misma fecha, Zúñiga habló en la televisión de que iba a detener al líder político Evo Morales, expresión deliberativa violatoria de la Constitución y de los reglamentos castrenses.
Al respecto, Aguilera subrayó que de esa forma empezaba a poner en marcha el plan de asesoramiento de Hamdan, quien, disfrazado de activista de derechos humanos, fungía como asesor del golpe de Estado.
El viceministro aseguró que no existe persecución política y detalló que, cuando el activista llegó a La Paz, fue recogido en el aeropuerto de El Alto por un miembro de Inteligencia del Ejército y fue trasladado hasta la plaza Abaroa, en el centro paceño, en un vehículo particular.
Añadió que, en el momento de alojarse en el Hotel Don Melo, que es propiedad de otro oficial del Ejército, pidió que no se le registrara.
Adicionalmente, observó Aguilera, los pasajes se los pagó un oficial del Ejército, “esto es una perfecta armonía de quien se pintaba como alguien que defendía los derechos humanos, pero en realidad es un político que estaba brindando asesoramiento”.
Según evidencias de las pesquisas, el ahora detenido cruzó al menos nueve contactos telefónicos con el general Zúñiga entre las 15:43 y las 16:56, hora de Bolivia, del 26 de junio, o sea, durante la ejecución del golpe fallido.
En este contexto, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres número cinco ordenó la detención preventiva del activista político, en el penal de San Pedro de la ciudad de la Paz, por el lapso de 180 días.
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