El candidato a la gobernación por el PIP, Juan Dalmau Ramírez, consideró además de un acto desesperado del liderazgo del Partido Nuevo Progresista (PNP) este hecho y otro intento burdo de engañar a los miles de anexionista que “sienten vergüenza por décadas de mal gobierno y corrupción a manos del PNP y que ya no se ven representados por esa colectividad”.
“Hemos radicado directamente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico un recurso en el que impugnamos la constitucionalidad de esta convocatoria por decreto que ha hecho el gobernador para este plebiscito; vamos a combatir este engaño en todos los foros”, agregó. El también Secretario General del PIP consideró que la consulta es un engaño más, como el de los “cabilderos de la estadidad», que le costó al pueblo cerca de un millón de dólares al año, y a miles de PNP les hizo pasar el ridículo.
Dirigentes de la colectividad política independentista precisaron en conferencia de prensa, que el plebiscito se trata de un ardid electorero del PNP para movilizar a sus electores en noviembre próximo, como consecuencia del descrédito y la pérdida de apoyo electoral.
Recalcaron, además, que la experiencia histórica es que cualquier esfuerzo electoral sobre el futuro político de Puerto Rico, que sea promovido unilateralmente, termina en la inconsecuencia y en el fracaso.
“Desde principios de cuatrienio, apenas días después de nuestra jura, Denis Márquez Lebrón y yo radicamos el P de la C 138 y el P del S 93, proponiendo derogar la Ley del Plebiscito y, ni en Cámara ni en Senado, el liderato legislativo del Partido Popular Democrático (PPD) se atrevió a llevarla a votación”, indicó la senadora María de Lourdes Santiago.
La también vicepresidenta del PIP indicó que “tampoco le dieron paso a las otras medidas sobre estatus que presentamos, (porque) han sido cómplices del PNP”.
La demanda presentada argumenta, en el caso de la Ley 165, que se violenta la separación de poderes, la libertad de palabra, la igual protección de las leyes y el derecho al voto.
La orden ejecutiva constituye una usurpación de la facultad legislativa de aprobar el presupuesto y violenta la facultad reglamentaria delegada a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por el Código Electoral de 2020, según explicó el abogado constitucionalista Carlos Gorrín Peralta, quien dirige el equipo legal del PIP que redactó la demanda.
Gorrín Peralta subrayó que “da trabajo encontrar en la jurisprudencia casos en que se evalúe una legislación que adolezca de tantas deficiencias constitucionales”.
“Esta ley que estamos impugnando violenta el principio medular de la separación de poderes, que divide el poder gubernamental en tres ramas de gobierno, para evitar que ninguna de ellas controle y abuse del poder”, argumentó al sostener que la Legislatura claudicó a su poder.
npg/nrm
