La institución judicial solicitó la pena de 30 años de cárcel para Edwin Angulo (alias Invisible) y Laura Castillo, acusados en calidad de autor mediato y coautora del asesinato del político, respectivamente. Los sospechosos rindieron su versión, pero dijeron desconocer del delito que se les imputa y luego se acogieron al derecho al silencio. Alias Invisible es señalado por la Fiscalía como la persona que dio la orden de matar a Villavicencio, desde la cárcel de Cotopaxi. Mientras que Laura Castillo es considerada como coautora del crimen.
La sentencia que reciban o su absolución queda ahora en manos del juez.
Después de siete días de audiencia, el tribunal ya rechazó 23 pruebas del Ministerio Público y de los 200 testigos que prometió la Fiscalía se presentaron 40.
Uno de ellos, el jefe de seguridad de Villavicencio, reveló la falta de atención por parte de las autoridades policiales en propiciar el material necesario para proteger al político, que tenía un riesgo de atentado de más del 90 por ciento.
En ese contexto, medios locales anticipan que podrían vincular al caso a integrantes de la cúpula policial. En total son cinco los acusados de acabar con la vida del político el 9 de agosto de 2023.
Inicialmente, 13 personas estaban implicadas en el homicidio del político, pero siete de ellas, de nacionalidad colombiana, fueron asesinadas el 6 y 7 de octubre de 2023, mientras se encontraban detenidas en cárceles ecuatorianas.
Villavicencio fue acribillado a tiros cuando salía de un mitin de campaña en Quito, apenas 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023.
Luego del homicidio, un grupo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, llegó a Ecuador para colaborar con las investigaciones, por pedido del entonces presidente Guillermo Lasso.
Verónica Sarauz, viuda del excandidato, dijo al diario La Hora que los representantes de esa agencia entrevistaron a los sicarios y les ofrecieron protección a cambio de llegar a los autores intelectuales, pero varios de ellos fueron asesinados en prisión.
“La fiscal general del Estado, Diana Salazar, tiene las grabaciones”, indicó Sarauz, sin embargo, en los primeros días de la audiencia nada se mencionó sobre ese tema.
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