El legislador por el Movimiento Otro Camino intervino ante el pleno para mostrar evidencias de atropellos contra pobladores en las áreas de la mina de Cobre de Donoso (Colón) por agentes de seguridad de la filial de la trasnacional canadiense First Quatum.
El legislador denunció el desalojo de los terrenos donde habitan, quema de casas y amenazas a los habitantes de localidades como Nueva Lucha, donde también han sido identificados casos graves de salud- con saldo de siete fallecidos-, sin investigar debidamente, debido a la contaminación de las aguas de los ríos y embalses.
Cedeño además envió cartas respectivas al Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc; al nuevo Ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó; y al Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, en las que demanda reaccionen ante la gran cantidad de irregularidades, amenazas y abusos que sufren los moradores.
En sus misivas, Cedeño repudió también la restricción notable del libre tránsito a los residentes de esas áreas, como confirmó en un reciente encuentro con el Coordinador de la Junta Directiva de Justicia y paz, Fernando Márquez.
El diputado enfatizó que es inconcebible que a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de noviembre de 2023, que declara inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la empresa extranjera además de ordenar el cierre de operaciones, tras intensas protestas populares, aún se violen derechos elementales en áreas de la minera.
De acuerdo con los expedientes presentados ante la fiscalía, a los cuales tuvo acceso Prensa Latina, algunas de las viviendas destruidas por agentes de seguridad de First Quantum pertenecen a Simón Acosta y a Milciades Abrego, de la comunidad de Nueva Lucha; y a Lucas Palacios, en Belencillo Arriba, entre otras,
Mientras los familiares de Martín Garay, Ricardo López y Roberto Quintero, también de Belencillo Arriba, fueron amenazados en su ausencia por lo que son considerados como miembros «selectos» del cuerpo de mercenarios contratados por la subsidiaria de First Quantum.
Las voces de legisladores, residentes en la zona de la mina pertenecientes a las provincias de Colón y Coclé tiene lugar en medio de anuncios del nuevo Ejecutivo de abrir para luego cerrar el enclave minero,.
El nuevo presidente de la República, José Raúl Mulino, en su más reciente discurso tras tomar posesión del cargo el pasado 1 de julio, adelantó que ordenará una estricta auditoría ambiental de la mina, con los mejores expertos internacionales para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora.
Datos de esa compañía destacan que antes del cierre, las exportaciones de cobre representaban casi el 5,0 por ciento del Producto Interno Bruto de Panamá y el 75 por ciento de todas las ventas del país centroamericano.
Por su parte, expertos alertan sobre el peligro ambiental que representan hoy las más de 130 mil toneladas de cobre almacenadas en Minera Panamá cuyos datos sobre la contaminación que representan no habían sido revelados por el Gobierno saliente.
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