Medios locales relatan que la madre fue sometida a una cesárea en la institución por un costo de mil dólares, pero por complicaciones en la salud del recién nacido, el costo del procedimiento ascendió a ocho mil 300 dólares.
Los familiares intentaron llevar al niño a un hospital público, pero le negaron la salida por la deuda.
Tras el deceso tampoco pudo ser retirado el cuerpo del bebé hasta que la Defensoría del Pueblo intervino varios días después, pues la clínica esperaba un pago de al menos una parte de la deuda.
Para la abogada Sybel Martínez, experta en temas sobre niñez, adolescencia y derechos humanos, hay que clausurar esa clínica donde un recién nacido y su cuerpo fueron utilizados como garantía de pago.
“Estos miserables indolentes, no permitieron a los padres trasladarlo a otra casa de salud, para luego impedirles retirar su cuerpo. Seis días después de su deceso, su cuerpo les fue entregado y eso porque la Defensoría intervino!”, manifestó Martínez.
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