El comisionado de Derechos Humanos y Justicia de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, precisó que hasta el 25 de junio de 2024 hay en los centros penales salvadoreños esa cifra de personas privadas de libertad.
Guzmán junto a otros funcionarios, incluida la canciller Alexandra Hill, defendieron la política gubernamental para enfrentar la violencia, en especial en régimen de excepción, ante organismos regionales.
El alto número de arrestados que no se publica sistemáticamente en El Salvador, sino únicamente a través de declaraciones de funcionarios, fue revelada en la audiencia convocada a petición de organizaciones sociales que denunciaron violaciones a derechos humanos, lo cual es destacado este domingo por el diario El Mundo.
Un 75 por ciento de los reos son personas arrestadas bajo el régimen de excepción, número que se eleva hasta 81 mil 100, según datos revelados la semana última durante la extensión de esa política por 28 ocasión desde marzo de 2022.
Según el diario, Guzmán refutó las alegaciones de las organizaciones sobre las muertes de personas detenidas: el Socorro Jurídico Humanitario lleva documentados 305 muertos y la organización Cristosal lleva documentados 265, incluidos cuatro bebés.
El comisionado aseguró que murieron unas 250 personas en dos años.
«Eso significa que anualmente fallecieron 102 personas. Yo le hago una comparación solo con las cifras de la OMS (Organización Mundial de la Salud)… Hay un 86 por ciento menos personas que en Estados Unidos y 77 personas menos que en Colombia», indicó.
Por su parte la canciller Hill aseveró ante los cuestionamientos que, “El Salvador no es un Estado autoritario y represivo” y justificó que la realidad obliga a mantener el régimen de excepción.
Añadió que el riesgo de actos violentos de las pandillas “sigue latente”, lo cual justifica que las medidas extraordinarias continúen “para garantizar la paz que ahora respira nuestro pueblo salvadoreño”.
Otros participantes en la audiencia como Liliana Caballero, del Centro de Justicia de Derecho Internacional urgió derogar el decreto de estado de excepción y las leyes que, según las organizaciones, legalizan detenciones arbitrarias, juicios colectivos, uso generalizado de prevención preventiva oficiosa, defensa inadecuada y uso de jueces sin rostro.
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