Para Ana Delgado, miembro de la Achpe, el problema rebasa totalmente al sector, pues se trata del Sistema Nacional de Salud, dijo.
En declaraciones al canal nacional Ecuavisa, Delgado advirtió que en este momento, los pacientes en esta nación sudamericana no tienen cubiertos su derecho a la atención y “eso es muy grave”.
Ya hemos expuesto este tema, en varios medios de comunicación -detalló- cuando hablamos de que el Sistema Nacional de Salud no es sostenible, sostuvo.
Unos cinco mil pacientes renales de Ecuador dependientes de hemodiálisis están en peligro de dejar de recibir ese tratamiento si el Gobierno mantiene las deudas con los centros que prestan ese servicio de salud.
La pasada semana, el representante de las clínicas dializadoras, Juan Acurio, denunció que los 100 millones dólares que desembolsó recientemente el Ejecutivo para el sector de la salud y para el pago a los prestadores de servicios externos no llegó a esas instituciones.
Si el Gobierno no paga, desde el 24 de julio no habrá insumos para la atención, manifestó Acurio en declaraciones a la prensa en la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), a donde acudió a pedir que los legisladores intervengan en esas exigencias.
Precisó que la deuda con las dializadoras asciende a 25 millones 500 mil dólares por 13 meses de servicio, desde junio de 2023.
El sector sanitario de Ecuador atraviesa una crisis generalizada por la carencia de inversiones.
Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió 50 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entidad estatal encargada de la salud de miles de afiliados luego de que pacientes oncológicos quedaran sin atención en Quito y Guayaquil.
En esta nación sudamericana centros privados ofrecen servicios como prestadores externos a quienes no cuentan con seguros ni fondos para pagar sus tratamientos, siempre y cuando el Estado se haga cargo; sin embargo, las deudas con esas clínicas crecen cada día.
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