El departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa discutió la posibilidad de ampliar la lista de delitos de presuntos nacionales para considerar su deportación mediante una reforma en estudio, sugerida por funcionarios y entidades gubernamentales, pero “la consideró inconveniente”, añadió el diario.
La dependencia parlamentaria, que aludió a un documento sobre el tema elaborada por una comisión integrada con ese propósito, estimó que los nuevos crímenes argumentados “son inconexos con el planteamiento inicial” sobre la reforma al artículo 32 de la Carta Magna.
Una relación “tan exhaustiva de delitos en un texto de modificación constitucional –subraya el Departamento- no solo es inconveniente y reglamentista para una norma constitucional, sino que además rebasa la intención descrita en el proyecto correspondiente”.
Los legisladores del ente formado para dirimir sobre el asunto -recuerda el diario- reflexionaron sobre 19 posibles causas para extraditar, entre ellas homicidio, femicidio, asociación ilícita, legitimación de capitales, trata de personas, violación y abuso sexual contra menores de edad.
La posibilidad de limitar la extradición de costarricenses a los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo en la reforma propuesta por el Gobierno a los diputados es muy clara, asegura el departamento de Servicios Técnicos del Legislativo.
Los diputados –asegura El Observador- deberán votar esta semana la propuesta sobre la nueva norma de extradición, ya enriquecida por la comisión especial integrada el 29 de mayo por aprobación de la Asamblea Legislativa.
Líderes de las distintas formaciones políticas coincidieron durante una reunión el jueves en que esperaban por el informe de la Comisión para incluirlo en la agenda y discutirlo.
La propuesta bajo el manto de expediente 23.701 permitirá enviar a otras jurisdicciones internacionales a costarricenses, nacidos o naturalizados, que estén vinculados con organizaciones juzgadas por las citadas figuras criminales.
El plenario del Congreso tendrá en sus manos la decisión final sobre el proyecto, cuya aprobación en el primer debate del plenario requiere de al menos 38 votos para enviada luego como consulta a la Sala Constitucional.
Las mociones de reforma constitucional –explican legisladores- como la ahora presentada por la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, son discutidas y aprobadas el plenario, luego de recibirse el dictamen afirmativo de la comisión especial.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el 18 de junio que esta reforma constitucional propuesta por el Gobierno al parlamento para permitir la extradición de costarricenses por delitos extremos no altera la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial.
Gerardo Alfaro, magistrado de la Sala de Casación Penal a cargo de la revisión del proyecto, instó a los legisladores a modificar otras normas en la Ley de Extradición o el Código Penal, que actualmente impide la expatriación de costarricenses.
El debate sobre el asunto –opinó el magistrado- “sigue siendo un tema polémico, con posiciones divididas tanto entre los juristas como entre los expertos constitucionalistas, lo cual anticipa una discusión intensa en el ámbito legislativo”.
mem/apb
