De Moraes facultó que emitan sus testimonios Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, y Domingos Brazão, exconsejero del Tribunal de Cuentas de esa división territorial.
Las audiencias se realizarán por videoconferencia y serán coordinadas por el Consejo de Ética y Decoro Parlamentario de la Cámara baja.
Barbosa y Brazão, que testificarán públicamente por primera vez, están detenidos desde marzo por su participación en el crimen.
Trece disparos de una subametralhadora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban Franco y su conductor Anderson Gomes en la noche del 14 de marzo de 2018 en Río.
La concejala regresaba a su casa tras participar en un debate con jóvenes negras, cuando su auto fue baleado: ella recibió disparos en la cabeza y el chofer en la espalda.
En junio, Barbosa y Brazão fueron acusados en la Corte Suprema por los crímenes de asesinato y organización criminal.
Además de los dos, el hermano de Domingos, Chiquinho Brazão, diputado federal por Río, también responde por el hecho de sangre. Los tres niegan los cargos.
La Comisión de Ética de la asamblea investigará si hubo violación de decoro parlamentario en el caso de Chiquinho Brazão, pue es acusado de ser uno de los mandantes del atentado.
Después del procedimiento, que puede durar hasta 60 días, existe la posibilidad que una solicitud de casación del mandato sea llevada al plenario.
En este caso, sería necesario que la mayoría absoluta de los legisladores decidiera por la anulación.
Según el diputado Tarcisio Motta, con el homicidio se pretendía intimidar a quien enfrentaría los intereses de las milicias en Río, en decisiones políticas.
Concejal en ese territorio en la época del crimen, Motta fue escuchado el 9 de julio por el Consejo de Ética como testigo en el proceso que puede conducir a la revocación del mandato de Chiquinho Brazão, quien también en la ocasión era regidor en la capital fluminense.
Las investigaciones apuntan a la participación de milicianos de las fuerzas de seguridad en el asesinato. El 14 de marzo de 2019, el policía retirado Ronnie Lessa y el exoficial militar Élcio Queiroz fueron arrestados bajo los cargos de ser los autores materiales del crimen.
El caso Franco tuvo repercusión internacional y convirtió a la socióloga y feminista en un símbolo político en la lucha por los derechos humanos y la mayor participación de las mujeres negras en los espacios de poder en Brasil.
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