La reincorporación la víspera del jefe de los diputados tras su hospitalización por influencia reactivó la discusión sobre esa consulta popular y su tema central, la controvertida “Ley Jaguar para el desarrollo del país”, añadió el periódico Delfino.
Arias declaró al llegar que la máxima autoridad de la Asamblea Legislativa (parlamento), el Directorio, espera para continuar sus análisis sobre el asunto una respuesta de la Sala Constitucional, ante una segunda consulta de los diputados para que esta determine si el referendo es legal según la Carta Magna.
“La situación es que hoy tenemos dos consultas sometidas a esa alta instancia de modo formal, la del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la de la Contraloría General de la República, además de la que hizo un grupo de diputados encabezados por el Partido Liberal Progresista.
Los diputados permanecen hace varias semanas pendientes de esa respuesta de la llamada Sala IV o “de lo Social”, del Tribunal Supremo, para determinar sobre una sesión parlamentaria definitiva cuya votación apruebe o rechace la celebración del polémico referendo para que entonces el pueblo vote en contra o a favor de su agenda.
La Sala Constitucional conocerá –explicó Arias- sobre los recursos de casación, revisión y otros temas extraordinarios que establece la Ley en materias propias de este orden jurisdiccional.
“El paso de admisibilidad de la consulta a la Sala aún no está resuelto. Creo que esta semana esa instancia definiría esa admisibilidad, y dependiendo de eso, es el curso que tomarían los debates, aseveró Arias.
De acuerdo con el líder parlamentario, si los magistrados rechazaran esa consulta, como ya sucedió con la presentada por el Partido Liberacionista Nacional, hay “una tesis importante” entre los diputados “que se inclinan por esperar una resolución a la consulta ante el TSE, que es, de momento, la única admitida”.
Al margen de la espera por las citadas consultas constitucionales, el proyecto de referendo, presentado semanas atrás por el presidente Rodrigo Chaves ante la Asamblea Legislativa enfrenta un engorroso procedimiento legal, según el canal Teletica.
El pedido del Ejecutivo sobre esa cita popular, cuya esencia es reformar artículos constitucionales respecto a controles, fiscalización y potestades de la Contraloría General, pasa por complejas vías para llevarla adelante, comentó la televisora.
La Sala Constitucional a la que acuden ahora los legisladores para verificar la legalidad del referendo está integrada por siete magistrados permanentes y 12 suplentes, cuya elección es potestad de la Asamblea Legislativa mediante una votación de sus dos terceras partes (mayoría calificada).
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