Los arrestos siguieron a allanamientos practicados en oficinas del Sistema Nacional de Conservación en la norteña provincia de Heredia y la suroriental Área de Conservación La Amistad-Caribe en Limón, así como en residencias de los imputados en Cahuita, Sarapiquí y Curridabat.
El Ministerio Público centró la investigación en una finca de la empresa Playa Manzanillo, S.A., cuyas autorizaciones para un supuesto aprovechamiento forestal tenían en realidad el propósito de desarrollar una infraestructura urbanística, mediante el cambio del uso del suelo en áreas de bosques y humedales.
La acción judicial siguió a reiteradas denuncias de organizaciones ambientalistas sobre actos de tala irregular de árboles en un área cuya extensión total era de 188 hectáreas, según una sentencia de la Sala Constitucional con fecha de 2019.
Los nombres de los cinco individuos enjuiciados, que esperan ahora una audiencia de solicitud de medidas cautelares, fueron omitidos según la presente estrategia oficial de ocultar la identidad de funcionarios comprometidos en delitos de corrupción.
Uno de los procesados ahora, ingeniero forestal y funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, declaró un tiempo antes a la prensa que la tala de árboles en la zona de Manzanillo “estaba en regla”, recordó el periódico crhoy.com.
La Fiscalía, que tomó declaración indagatoria a los imputados y los puso a las órdenes del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, aseguró que los encartados responderán a cargos de prevaricato, influencia contra la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Las órdenes de detención fueron emitidas por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, precisaron los medios.
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