La propuesta de castigo contra la titular, presentada el 8 de julio por 13 congresistas de las formaciones Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista e independientes, cuestiona con fuerza sus deberes ante los empleados del sector, publica el diario Delfino.cr.
Los disputados alegaron en esta sesión extraordinaria que Müller «se niega a cumplir» el pago de distintos componentes salariales de su personal, incluido los aumentos por el costo de la vida; el pago de salarios incompletos, la falta de reconocimiento de lecciones impartidas y recargos ignorados.
La lista de insuficiencias añade rebajos injustificados y el impago de prestaciones, por lo cual, recordaron los legisladores, la Defensoría de los Habitantes la convocó a explicarse el 10 de junio, y empeoró su situación al negarse también a asistir, «trasgrediendo el deber de rendir cuentas».
Otra actitud de Müller reprobada por el plenario fue la situación de 60 mil reclamos pendientes de resolver, correspondientes a 37 mil personas, del total de 88 mil trabajadores que tiene la institución, detectada durante una una visita realizada por la Defensoría a la unidad de reclamos salariales del MEP.
La moción condena a la alta funcionaria por «apoyar» un recorte de 65 mil millones de colones al presupuesto del sector para 2025, lo que convertiría los fondos para la educación tica en los más bajos de los últimos años, e incumpliría el mandato constitucional del 8 por ciento del PIB para las finanzas de esa cartera.
El poco presupuesto –alegan los diputados- generaría una clara afectación al sistema educativo público, por incumplimiento de los deberes de Müller como titular de esa cartera, al incumplir la solvencia económica del sistema, violar ese derecho humano y relegar el interés superior ante los menores de edad.
La sesión extraordinaria acusó a la funcionaria por la agudización de la crisis educativa tras dos años de su gestión, además de persistir los mismos problemas por los cuales fue convocada a una interpelación en el plenario legislativo el 26 de setiembre de 2023.
El parlamento concluyó que todas estas acciones y omisiones por parte de la ministra “afectan gravemente el futuro social y educativo de Costa Rica, generan gran incertidumbre en la población y violentan diferentes derechos humanos vinculados a la educación».
La moción de censura contra Müller fue aplicada antes solo una sola vez, cuando la suscribieron otros legisladores al exministro de Obras Públicas y Transportes Juan Diego Castro Fernández.
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