Un recurso de agravio constitucional fue presentado para ello ante la citada corte, cuyos integrantes fueron designados por el Parlamento, en el que tienen mayoría un bloque derechista, cuya mayor bancada es la de Fuerza Popular (FP), partido de Fujimori.
El pedido de Giuliana Loza, abogada de la cuatro veces fracasada candidata presidencial alega que la Fiscalía imputa a la acusada delitos que no estaban tipificados como tales cuando se cometieron, lo que anularía los otros cargos, de organización criminal y obstrucción a la justicia.
De anular el Tribunal Constitucional (TC) el proceso, quedaría sin efecto el pedido de 30 años y 10 meses de cárcel para la dirigente neoliberal y miembros de su entorno y penas menores de los demás de un total de 48 acusados con diversos niveles de responsabilidad.
El recurso fujimorista pide en concreto que el TC declare nulas tres resoluciones del juez Víctor Zúñiga, una que ordenó el inicio del juicio y otras dos que rechazaron infundados los pedidos de Fujimori de archivar los cargos de lavado de activos y organización criminal.
Sostiene además que el argumento de que el partido fujimorista Fuerza Popular recibió presuntamente 17 millones de dólares para sus campañas electorales de 2011 y 2016 no debe tomarse en cuenta porque la recepción ilegal de fondos fue declarado delito en 2019; lo cual acepta tácitamente que recibió aportes ocultamente.
El ex fiscal Martín Salas consideró difícil que el TC acceda a la pretensión de anular el juicio por su afinidad con las bancadas parlamentarias mayoritarias (la principal es FP), pues el proceso pasó ya las etapas de investigación en las que la corte validó que los hechos son delitos y procede el juicio.
Agregó que el recurso presentado es parte de los “manotazos de ahogado para echar abajo el juicio” y si el TC lo aprueba por su afinidad con la mayoría parlamentaria, se enfrentaría a la opinión pública, los expertos en derechos y el Poder Judicial, que no aceptarían la violación de sus fueros.
El legislador Edwin Martínez comentó que sería “muy sucio” que el fujimorismo aproveche su cercanía con el TC para librarse del proceso y eludir a la justicia.
El jurista Andy Carrión fue terminante al señalar que el TC puede garantizar derechos, pero no intervenir en un proceso penal en el que los reparos de los acusados fueron ventilados y descartados por el juez.
jha/mrs
