De este modo, el organismo que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico impone un nuevo castigo a los puertorriqueños, agobiados, mientras favorece a las corporaciones norteamericanas LUMA Energy y GeneraPR, pese a los constates apagones y fluctuaciones de voltaje que dañan neveras, estufas, aires acondicionados y televisoras.
En carta enviada en la víspera al gobernador Pedro R. Pierluisi el organismo estadounidense que se financia con dinero del pueblo puertorriqueño advirtió al gobernante que no convierta en ley una medida con tal propósito que está en trámite en La Fortaleza, sede del ejecutivo.
El director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, pide en la misiva que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no envíe la Resolución Conjunta de la Cámara 231 para que el gobernador Pierluisi la convierta en ley, atribuyéndose así la doble función legislativa y del ejecutivo.
La Legislatura no identificó como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) daría ese crédito al cliente sin un aumento en las tarifas de electricidad, lo que “perjudicaría la supervisión de la AEE por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR)”.
“Por estas razones, la medida es inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico y el Plan Fiscal de la AEE”, establece la carta a Pierluisi y a los presidentes de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y del Senado, José Luis Dalmau Santiago.
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