Varios diputados que opinaron acerca de la norma, destacaron su importancia para promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y garantizar el acceso a información veraz, sin poner en riesgo la integridad de la nación.
Al respecto, Yoelkis Sánchez, diputado por Villa Clara, aclaró que el instrumento jurídico comprende particularidades diferentes a los de la Ley de Comunicación Social, aprobada recientemente.
“Debemos tener en cuenta que la información pública que se divulgue debe ser de calidad, creíble, oportuna, fiable, objetiva, en la cual están implicados todos los actores sociales”, comentó.
Por su parte, Lizette Martínez, diputada de La Habana, señaló que su implementación plantea retos para todos los servidores públicos.
De acuerdo con el titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Eduardo Díaz, esta norma constituye la más alta expresión de la voluntad política del Estado y gobierno de transparentar su gestión en un contexto de guerra económica y mediática.
En tanto, la vicetitular del Citma, Adianez Taboada, declaró que la Ley es el resultado de una construcción colectiva, que muestra la valentía del pueblo y las autoridades del país.
La Ley de la Transparencia y Acceso a la Información es un complemento jurídico en temas de derechos fundamentales y busca regular el derecho de acceso a esa información y establecer las obligaciones de sus responsables, señalan fuentes de la ANPP.
Entre sus fines, además, está promover el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una mejor toma de decisiones de la gestión pública, escrutinio social y participación ciudadana sobre las acciones de la Administración.
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