Olivera había renunciado al miércoles a su curul y al PN, y fue condenada a seis meses de prisión que deberá cumlir en régimen de libertad a prueba, tras acuerdo para juicio abreviado con la fiscalía.
Se le condenó por el delito de usurpación de funciones, luego que aprobara el pago de horas extras de manera irregular a funcionarios de la intendencia de Artigas.
Antes, por la misma causa, fue condenado a igual pena el intendente Pablo Caram, tío de la exlegisladora.
El delito por el que se imputó a Olivera no prevé como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que no forma parte de la condena acordada.
Pese a ser hallada culpable, la encartada tenía planes de asumir la intendencia de Artigas este próximo viernes.
Sin embargo, expertos citados por medios de prensa coinciden en la aplicación del artículo 80 de la Constitución, que suspende la ciudadanía a todas las personas procesadas con prisión.
Por su parte, el artículo 267 establece la ciudadanía en ejercicio como requisito para ejercer el cargo de intendenta.
Para que se concrete la suspensión de la ciudadanía de Olivera, la Justicia debe comunicarle a la Corte Electoral, el organismo encargado de ejecutar la suspensión.
Ediles de la Junta Departamental de Artigas y actores políticos de diversos partidos consideran el asunto como un acto de corrupción.
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