#URGENTE
🔴Denunciamos la detención de Carlos Castellano y Noemí Tipasi. ¡¡Demandamos su inmediata libertad!! pic.twitter.com/Pwh9EmvnUK— CEOSL (@prensaceosl) July 18, 2024
En un comunicado divulgado en redes sociales, la Ceosl cuestionó la detención de Carlos Castellano, presidente del Frente Popular de Pichincha, y Noemí Tipasi, líder de la Federación de Comerciantes y de los Mercados de Pichincha (Fedecomip).
Exigimos respeto al Estado de Derecho, a la diversidad de formas de pensar y actuar; así como a la libertad, aseveró la Ceosl.
En la mañana de este jueves, miembros del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular, quemaron neumáticos y cerraron la avenida 10 de Agosto, una de las más importantes de la capital.
El objetivo era protestar en contra del incremento del precio de las gasolinas de bajo octanaje, denominadas aquí Extra y Ecopaís, cuyos valores subieron desde el 28 de junio con la eliminación de los subsidios a esos combustibles.
En declaraciones a la prensa desde las afueras de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General, el presidente de la UNE, Andrés Quishpe, afirmó que la protesta se realizó de forma organizada para evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden.
“Luego, el Gobierno y la Policía utilizaron todas las cámaras de la ciudad y policías vestidos de civil procedieron a la detención”, indicó Quispe.
El líder gremial insistió en que es responsabilidad del Gobierno, por cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no con las demandas del pueblo ecuatoriano, que quiere seguridad y fuentes de trabajo.
Según indicó, Tipasi y otro dirigente fueron liberados, pero aún Castellano permanece detenido.
Asimismo, Quishpe anunció que el 25 de julio líderes de organizaciones sociales se reunirán para definir otras acciones de lucha frente a las decisiones del Ejecutivo.
Desde el pasado 4 de julio se han reportado manifestaciones en varias provincias, convocadas por el FUT y el Frente Popular, que agrupa una docena de colectivos civiles.
Sin embargo, hasta ahora el Ejecutivo no ha enfrentado gran resistencia en la implementación del reajuste, como sí ocurrió en los años 2019 y 2022 cuando diversos sectores salieron a las calles contra las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que buscaron también acabar con los subsidios.
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