La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema acogió así una apelación de la Fiscalía contra la decisión previa del juez supremo Juan Carlos Checkley, de disponer una extensión de 14 meses.
El aumento de la carcelería sin sentencia invocó el riesgo de fuga del exgobernante que fue detenido el 7 de diciembre de 2022, cuando se dirigía con su familia a la embajada de México, tras ser desacatado su decreto de disolución del parlamento de mayoría opositora, que lo destituyó sumariamente.
También el tribunal argumentó la complejidad del juicio en marcha, que requiere más tiempo para su desarrollo, entre otros argumentos.
El Poder Judicial ha rechazado decenas de recursos de Castillo para ser juzgado en libertad y, ante el argumento del riesgo de fuga, el exmandatario niega que intentara asilarse en la embajada de México cuando fue detenido y afirma que iba a dejar en la sede diplomática a su familia, a la postre exiliada en el país azteca.
La defensa de Castillo alega que es inocente del cargo de rebelión porque este delito, según el Código Penal, requiere de alzamiento en armas y en grupo y que el decreto de disolución del Congreso quedó en mero discurso al no hacerse efectivo.
La Fiscalía sostiene que el hecho de haber ordenado a las Fuerzas Armadas que lo secunden, aun sin ser obedecido, lo hace culpable del citado delito.
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