Este jueves, la mesa legislativa dará inicio a la fase de sustanciación, es decir, al cronograma de presentación de las pruebas para enjuiciar a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Este proceso contra Sommerfeld fue planteado por la legisladora Jhajaira Urresta, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), luego de la irrupción policial violenta en la sede diplomática mexicana en la noche del 5 de abril pasado para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
De acuerdo con Urresta, el Estado ecuatoriano violó una serie de normas constitucionales, legales y de tratados internacionales, y la ministra, junto a otras autoridades, era responsable de velar por las relaciones con México, garantizando la solución pacífica de las controversias, sin amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.
Las bancadas del movimiento Construye y del Partido Social Cristiano (PSC) anticiparon este miércoles que no votarán a favor de la destitución y censura de la canciller.
«Evitar la fuga de Glas no merece destitución», anunció Construye en un comunicado, aunque reconoce que el Gobierno de Daniel Noboa tenía otras opciones antes de invadir una embajada.
La bancada del PSC considera que más allá de la validez o no de las causales del juicio político, una censura a la canciller puede beneficiar a México en la demanda contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia.
Por tanto, si a los votos de esos dos grupos se suman los del bloque oficialista Acción Democrática Nacional, así como aliados e independientes, en estos momentos parece improbable que Sommerfeld salga del cargo.
La asambleísta Paola Cabezas, de la RC, cuestionó por qué se anticipan a anunciar que no votarán contra Sommerfeld si aún no ha empezado el proceso de pruebas de cargo y de descargo.
La propia canciller se pronunció respecto al proceso y afirmó que irá «firme y convencida» a defenderse ella, a la institución y al país.
«Junto al equipo legal seguiremos, con la verdad, defendiendo lo actuado, que no es más que cumplir a cabalidad nuestras delicadas funciones», apuntó la funcionaria en un comunicado en sus redes sociales.
El asalto a la embajada de México provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país y sendas denuncias ante la Corte Internacional de Justicia.
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