La subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó iniciar el procedimiento de investigación referido a la posesión de relojes Rolex y otras costosas joyas que la mandataria no declaró y que alega que solo eran prestadas por un aliado político.
La presidenta de la subcomisión, Lady Camones, advirtió que solo se aceptó debatir e investigar el caso y, de aprobarse el resultado, el dictamen pasará a la Comisión Permanente que, si lo avala, lo dejará pendiente hasta que Boluarte termine su mandato, en julio de 2026.
Ello debido a una acusación constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien dijo que el objetivo de la medida es resguardar las pruebas reunidas contra Boluarte para que sea acusada cuando deje de ser presidenta.
El mismo grupo legislativo desestimó sin embargo otra acusación constitucional contra la presidenta, por las muertes en protestas contra el ascenso de Boluarte a la jefatura del Ejecutivo, desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2023, cuando hubo 50 decesos a manos de militares y policías.
Varios legisladores que rechazaron la acusación explicaron que lo hacían porque fue presentada el año pasado por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides -a la postre destituida-, en el contexto de un conflicto con la jefa de Estado.
Boluarte sufrió otro revés, al ratificar el Poder Judicial su rechazo al recurso de amparo presentado en demanda de anulación de la referida acusación constitucional, planteada por Benavides al Legislativo en junio pasado.
Según trascendidos de prensa, Boluarte, al ser interrogada por la Fiscalía declaró que nada tuvo que ver con la represión a las protestas y dijo que el Consejo de Ministros se encargó del asunto.
De otro lado, un nuevo informe internacional que denuncia violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes opositores, consignó en un amplio informe que señala a Boluarte como autora mediata de las muertes.
Según el informe de la organización Amnistía Internacional, existen elementos que permiten presumir que las ejecuciones extrajudiciales provocaron al menos 20 occisos.
El documento fue rechazado en duros términos por el primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien negó rotundamente la validez del reporte y sostuvo que la mandataria no tiene culpa alguna.
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