La protesta, a la que seguirán movilizaciones la semana próxima, plantea la demanda de elecciones generales adelantadas y el consiguiente cese del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y del parlamento de mayoría conservadora y neoliberal, así como el aumento del sueldo mínimo oficial.
El conjunto de organizaciones sindicales, regionales, vecinales y otras, así como partidos progresistas y de centro, a los que hoy se sumó el centrista Partido Morado, tiene como eje a la Confederación General de Trabajadores (CGTP).
El secretario general adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, dijo que la jornada de protesta levanta las banderas de la defensa de los derechos de las clases populares desatendidas por el Gobierno y el Congreso.
Dejó en claro que no se trata de un enfrentamiento sectorial ni meramente reivindicativo, sino “una lucha política para recuperar nuestro país de las garras de una dictadura, de la que ya tuvimos experiencia en los años 90 del siglo pasado y fue la más nefasta para nuestro país”.
Se refirió así al partido fujimorista Fuerza Popular (FP), principal fuerza de la coalición de grupos de derecha que controla el Parlamento y tiene decisiva influencia sobre el Gobierno pero es objeto de la reprobación ciudadana, reflejada en las encuestas.
La impopularidad del Gobierno y el Congreso es invocada por la CGTP como demostración de su pérdida de legitimidad, por la cual el partido progresista Nuevo Perú ha lanzado la consigna de la desobediencia al Ejecutivo, por considerarlo usurpador.
“Lo que esperamos es que ella (Boluarte) dé un paso al costado, que permita a los peruanos y peruanas la oportunidad de un nuevo proyecto democrático, para asegurar a la población los derechos básicos, un ingreso digno y atención a sus necesidades básicas”, en lugar del crecimiento actual de la pobreza, apuntó Minaya.
La presidenta llamó ayer al diálogo en lugar de la protesta pero el Gobierno no formalizó el pedido, según el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, quien rechazó a priori tratar con el Gobierno por considerarlo ilegítimo y carente de voluntad de atender las demandas populares.
El ministro del Trabajo, Daniel Maurate, dijo sobre la demanda de la CGTP de un aumento anual del sueldo mínimo hasta que cubra el costo de la canasta básica familiar, que la mejora requiere el acuerdo unánime de un consejo integrado por sindicatos, gobierno y empresarios, espacio en el que estos vetan cualquier incremento.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, endureció el tono y advirtió que las marchas son un derecho pero no los desórdenes ni el daño a la propiedad pública y privada, ante los cuales la Policía impondrá “el principio de autoridad”.
“Desde que se lance la primera piedra, la Policía Nacional va a actuar”, declaró al anunciar que los marchistas serán escoltados por los uniformados.
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