En su primer conversatorio con medios de prensa nacional y extranjera en 15 días de gestión, el funcionario señaló que esas operaciones incluyen la aceptación del viajero ilegal y del país de donde proviene, de ahí que a través de la cancillería esperan acercamientos con Venezuela, Ecuador y Colombia, tres de las naciones emisoras.
También explicó que el más reciente memorando firmado entre Panamá y Estados Unidos el pasado 1 de julio y que respalda con seis millones de dólares estas acciones, no solo es para la adquisición de boletos, sino también para otras atenciones y compra de equipos que permitan además enfrentar el crimen organizado que está detrás de los crecientes flujos.
En esa dirección, Mojica saludó que un acuerdo similar pueda ser suscrito por Costa Rica, con el fin de garantizar una migración segura, ordenada y regulada, con apego a la ley.
Según cifras oficiales citadas por el jefe máximo del SNM, en lo que va de año han ingresado a la selva de Darién con rumbo al norteño país, 213 mil 702 personas, nueve mil menos en comparación con similar lapso de 2023, lo que atribuyó al cierre de cinco pasos no autorizados y mayores controles en fronteras.
De otra parte, subrayó que el país avanza en mejorar el equipamiento para los controles biométricos que realizan los agentes en los puntos limítrofes- de 2013 a 2023 se han ejecutado 136 mil 620-,lo que permitirá identificar a migrantes con prontuarios delictivos, entre los que sobresalen nexos con el narcotráfico o el terrorismo.
El directivo denunció el daño ambiental que sufren los bosques y ríos del Parque Nacional de Darién y precisó que cada migrante como promedio deja unas cinco libras de basura, lo cual es inadmisible.
El director del SNM también comunicó los resultados de los operativos realizados en la ciudad de Panamá con el propósito de identificar a extranjeros con una estadía irregular por diversas causas.
En total verificaron a 747 extranjeros, de los cuales 152 mantenían citaciones pendientes, en su mayoría venezolanos, colombianos y nicaragüenses, entre otras nacionalidades.
Mojica dijo que estas inspecciones en lugares públicos responden a instrucciones del Ejecutivo y que ya se extendieron a otras provincias, como las occidentales Bocas del Toro y Chiriquí.
Hasta la fecha, agregó, 29 personas sido deportadas o expulsadas, por razones diversas, entre ellas vigencia expirada de la documentación de identificación, evasión de los puestos de control para ingresar al país, o diversos delitos, como un reciente caso de una mujer de nacionalidad venezolana acompañada de una menor de edad sin el permiso del padre y que mantenía alerta de Interpol.
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