La también llamada Sala IV sesionará ese día para conocer y resolver la petición de aclaraciones presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la legalidad de la propuesta oficial, bajo el expediente número 24.364, añade un comunicado de esa instancia.
El pedido de respuesta del TSE a la Sala Constitucional, presentado a fines de junio, responde a la solicitud de los ciudadanos Alberto Cabezas Villalobos y Edgar Espinoza de llevar a referendo, mediante recogida de firmas, la polemizada “Ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica».
Los magistrados decidieron entonces tratar la consulta sobre la base de la jurisprudencia constitucional, porque las reformas incluidas en el proyecto limitan las competencias de la Contraloría General de la República (CGR), definidas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política.
Dicho concepto coincidió con el de la exministra de la Presidencia Natalia Díaz, quien reconoció en conferencia de prensa que esos cambios defendidos por la legislación debilitan las competencias de control, otorgados al citado organismo fiscalizador del funcionamiento del Estado.
La Sala IV o Constitucional estima –según el comunicado- que la CGR está legitimada para vigilar y fiscalizar la Hacienda Pública, precisamente porque su competencia está basada en normas de rango constitucional.
Cualquier reforma o modificación –añade el texto- tendrá como especial fin ampliar, aclarar o complementar las atribuciones ya conferidas por la propia Constitución Política a ese mecanismo oficial de regulación.
El TSE ejerce esta facultad en aras de que la Sala Constitucional se pronuncie, ya no solo sobre la legitimación y momento oportuno en que puede realizarse la consulta, sino sobre el fondo de esta, apunta el comunicado.
El punto discrepante entre defensores y críticos del referendo propuesto por el Ejecutivo es precisamente el proyecto sobre la Ley Jaguar, propuesta por el presidente Rodrigo Chaves y motivo de discusiones entre los miembros de la Asamblea Legislativa sobre la ruta a seguir.
Las principales contradicciones, originadas por esa iniciativa entre los diputados, radican en que su texto está centrado, “casi por completo», según algunos de sus detractores, en limitar las competencias y funciones de la Contraloría.
Los debates sobre la “Ley Jaguar” del Ejecutivo llevan varias semanas en el escenario legislativo tico, signados por fuertes cuestionamientos de personalidades como la propia Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien el 5 de junio la emprendió contra el proyecto.
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