La movilización cuenta con la adhesión de agrupaciones sindicales, regionales, vecinales y sociales en general, así como fuerzas políticas progresistas y de centro, estas últimas se sumaron contra su costumbre de mantenerse al margen de este tipo de demostraciones.
Si bien la plataforma de lucha consigna la demanda de un aumento del sueldo mínimo, la principal organización participante, la Confederación General de Trabajadores dejó en claro que la demanda máxima es el fin del Ejecutivo y el Legislativo mediante un adelanto de elecciones.
Tal salida a la crisis es rechazada por ambos poderes, pese a que ambos tienen una aprobación marginal en las encuestas, de un solo dígito, lo cual se deja sentir con fuerza con gestos de rechazo en las actividades públicas de gobernantes y legisladores.
Si bien la jornada se denomina Paro Nacional Cívico y Popular, el hecho de que 70 por ciento de la población económicamente activa labora en la informalidad o vive al día casi en situación de carencia y no puede dejar de trabajar, hace que protestas de ese tipo se expresen en marchas y en menor medida en huelgas.
Los motivos de descontento son diversos según el sector y la región y su respectiva problemática. La región andina de Ayacucho se paraliza exigiendo la mejora de las carreteras, ante las frecuentes muertes por accidentes en las vías.
En el sureño Valle de Tambo, productor de alimentos de alta calidad y de exportación, la población detiene sus actividades para rechazar los intentos empresariales de echar a andar un proyecto de explotación de cobre que, según los lugareños, conlleva el peligro de contaminación que puede arruinar los cultivos.
Sin soluciones para esos y otros problemas, el Gobierno aguarda la jornada en alerta y con la advertencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien declaró ayer que se permitirán las marchas, pero advirtió contra disturbios al afirmar que “desde que se lance la primera piedra, la Policía Nacional va a actuar”.
La fecha de la protesta coincide con un aniversario más del paro nacional del 19 de julio de 1977, que arrinconó al gobernante militar Francisco Morales y lo obligó a convocar una asamblea constituyente y a elecciones generales.
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