En un comunicado publicado en la página de la Cancillería, el gobierno valoró la opinión de la CIJ sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Tel Aviv en esos territorios.
El tribunal de La Haya estableció también en sus conclusiones que el Estado israelí tiene la obligación de cesar las nuevas actividades de asentamiento y reparar los daños causados a las personas en las zonas ocupadas.
Chile dijo esperar que todos los países y organismos internacionales acojan e implementen las conclusiones de la CIJ, en particular la ONU, a quien la corte llamó a considerar medidas adicionales para poner fin, lo antes posible, a la presencia ilegal en Palestina.
El gobierno chileno condenó el anuncio, la semana pasada, sobre la construcción de cinco mil 295 viviendas israelíes en Cisjordania y la legalización de varios asentamientos.
También lamentó la resolución aprobada por el Parlamento de Tel Aviv que se opone al establecimiento de un Estado palestino, incluso si ello fuese parte de algún proceso de negociación.
Estas decisiones perjudican seriamente las posibilidades de alcanzar una solución al grave conflicto en el Medio Oriente, advirtió la Cancillería.
El gobierno chileno reiteró que la solución de dos Estados, viviendo dentro de fronteras internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, constituye la vía para alcanzar una paz duradera y sostenible.
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