Según se divulgó, la entidad judicial declaró inexequible una parte de la Ley 2294 de 2023, referida a los procesos de Reforma Agraria y relacionados con la recuperación de baldíos ocupados de forma indebida, deslindes de la nación y extinción agraria.
Al respecto, la jefa de la cartera manifestó preocupación ante el fallo emitido por el alto tribunal, e hizo un llamado al Congreso de la República para que en la próxima legislatura avance el trámite de la Jurisdicción Agraria y Rural.
“Necesitamos que la Jurisdicción Agraria se implemente con el objeto de que estos procesos se decidan en la instancia que ha definido hoy la Corte Constitucional. Suspender los procesos agrarios es suspender la posibilidad de alimentar el Fondo Nacional de Tierras, y con ello, el cumplimiento del primer punto de Acuerdo Final de Paz”, apuntó.
Remarcó Carvajalino que el Gobierno Nacional insistirá en proponer las iniciativas necesarias, ante instancias como el Congreso de la República, para que haya una administración de tierras ajustada a los principios del régimen agrario y justa con el campesinado, y según lo contemplado en el Acuerdo Final, firmado en 2016.
“Queremos que el campesinado cuente con este Gobierno para defender las rutas necesarias y hacer del campo un campo justo y en paz; un campo que transforme a Colombia en una potencia agroalimentaria y una Potencia Mundial de la Vida”, afirmó.
También ayer el presidente Gustavo Petro deploró la decisión de la Corte Constitucional y consideró que “restringe seriamente el cumplimiento del acuerdo de Paz en su aspecto central: la reforma agraria pacífica”.
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