El informe precisa que el número de indagaciones que superaron las pesquisas preliminares y avanzaron a la fase preparatoria de juicios penales, se elevó esta semana de 18 a 20.
Las investigaciones preparatorias tratan sobre muertes y heridos durante las manifestaciones contra el ascenso de la presidenta Dina Boluarte a la Jefatura del Estado, el 7 de diciembre de 2022, que se desarrollaron desde esta fecha hasta marzo de 2023.
Según el Ministerio Público, los 20 casos se refieren a crímenes de Estado en agravio de 274 civiles, entre muertos ultimados y heridos, registrados en la primera oleada de manifestaciones, en los dos primeros meses de 2023.
Las muertes se cometieron en las regiones andinas de Puno -donde se registraron las mayores protestas-, Cusco, Ayacucho, Apurímac. Arequipa y Junín y la costera de La Libertad, lista en la que no figura los casos de la región costera de Ica.
Un caso aparte es el de la presidenta Dina Boluarte y quienes fueron su primer ministro y sus titulares de Defensa e Interior, por muerte registradas en los dos primeros meses del conflcto soial.
Esos casos fueron presentados ante una subcomisión parlamentaria calificadora, que los archivó, aunque persiste la posibilidad de que la mandataria, una vez que deje el cargo, sea juzgada como autora mediata de los muertes.
Un informe internacional sobre el tema difundió esta semana los resultados de una investigación según los cuales existen elementos que fundamentan que Boluarte sea considerada presunta autora mediata de las muertes y también consignan que 20 de los caídos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
La mandataria fue interrogada al respecto por la Fiscalía y, según trascendidos revelados por la prensa, negó responsabilidad alguna, señalando que del asunto se encargó el Consejo de Ministros.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte aludió tácitamente a la demanda de la protesta, de su retiro y el del Congreso de mayoría conservadora, al ratificar su decisión de mantenerse en el cargo pese a ser desaprobada masivamente en las encuestas y a investigaciones por muertes en protestas en su contra y presunto enriquecimiento ilícito.
Boluarte insistió ayer en un a ceremonia empresarial, en culpar de lo sucedido a las protestas, que calificó como “500 manifestaciones, todas violentas” y e intentó tácitamente justificar la represión en la necesidad de mantener la estabilidad y preservar el estado de derecho.
“No podemos caminar de tropiezo en tropiezo, es muy fácil decir que mañana vacancia y pasado mañana renuncia. En esa situación de vaivén y sin mirar un norte, ningún país avanza”, expresó para fundamentar su negativa a dejar el cargo.
Los manifestantes contra su ascenso, por sucesión, a la Presidencia, reclamaban su renuncia, demanda que mantienen amplios sectores y fue expresada ayer en manifestaciones opositoras en la capital peruana y en diversas regiones.
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