El asesinato de cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años en la comuna capitalina de Quilicura causó gran consternación entre la sociedad y provocó, incluso, una recomendación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia al Ejecutivo de dar más protección a los menores.
Interrogada sobre la situación, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, reconoció la gravedad de los hechos, pero dijo que el país no está en iguales condiciones de violencia respecto a varios de sus vecinos.
Pocas horas después, sin embargo, otro tiroteo masivo que dejó cinco muertos, cuatro hombres y una mujer, en el poblado de Lampa, de la Región Metropolitana, demostró la existencia de una crisis en Chile.
El presidente Gabriel Boric se pronunció al respecto durante una visita oficial a Paraguay y a su retorno convocó al Gabinete de Seguridad, compuesto por los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, así como jefes policiales y otros altos funcionarios.
La primera medida anunciada provocó más polémica que tranquilidad, pues se trata de la construcción en la capital de una cárcel de alta seguridad con 500 plazas para recluir y aislar a los cabecillas de las bandas delincuenciales y del crimen organizado.
El Palacio de La Moneda dijo que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para sortear una serie de requisitos y permisos con el propósito de acelerar la obra, cuya sede aún no fue anunciada.
De inmediato varios alcaldes de comunas capitalinas, entre ellos Irací Hassler, de Santiago Centro, y su colega de Tiltil, Luis Valenzuela, rechazaron acoger una instalación de esa naturaleza con el argumento de que alteraría la tranquilidad de sus vecinos.
A mediados de semana el senador por el Partido Socialista José Miguel Insulza propuso al Ejecutivo declarar el Estado de Sitio en la capital, un proyecto causante de mucha controversia hasta que el mismo legislador dio marcha atrás y lo retiró.
Boric reconoció que los esfuerzos hechos para ofrecer seguridad a la población capitalina no dieron el resultado esperado.
Si bien el Plan Calles sin Violencia logró bajar los delitos a nivel nacional en 8,4 por ciento, en la Región Metropolitana la tasa de homicidios se mantuvo estable, según dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.
La semana próxima el debate continuará a nivel legislativo, donde el Ejecutivo llamó a la oposición a contribuir para acelerar las iniciativas destinadas a mejorar el combate a la criminalidad y ofrecer más tranquilidad a la sociedad chilena.
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