El intendente artiguense, Pablo Caram, y su segunda y exdiputada Valentina Dos Santos recibieron condenas de cárcel por manejos irregulares.
Caram fue sentenciado por omisión de denunciar irregularidades y su sobrina, Dos Santos, por usurpación de funciones en un caso por pagos de horas extras a funcionarios de su entorno.
La Corte deberá decidir si, como dice la ley, corresponde o no la suspensión de ciudadanía para ambos y su inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Caram se niega a renunciar y la exdiputada tenía la pretensión de sustituirle en esa responsabilidad.
Resulta una carga para el oficialista Partido Nacional (PN) en tiempos de campaña electoral y en medio de reclamos contra la corrupción en ese norteño departamento.
La presidenta del directorio del PN, Macarena Rubio, adelantó que el asunto será analizado por la Comisión de Ética de la llamada tolda blanca.
Por su parte, el abogado constitucionalista Rúben Correa aseveró que las sentencias a prisión suspenden las ciudadanías de quienes resultan condenados, independientemente de cómo cumplan las penas.
A su vez, el Partido Comunista de Uruguay (PCU) criticó lo que consideró un esquema de corrupción instalado en la intendencia artíguense.
Caram fue condenado el martes último a 14 meses de prisión con libertad a prueba más cuatro meses de tareas comunitarias, mientras Dos Santos recibió una pena por un delito de usurpación de cargo relacionado con esos pagos.
Estas sentencias confirman las denuncias realizadas desde hace años por la bancada de ediles del Frente Amplio sobre las extendidas prácticas de clientelismo y corrupción del clan Caram y el PN en la intendencia, algunas de las cuales siguen en investigación, añade la declaración del PCU.
«Desde el punto de vista político y ético es inaceptable que quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción vuelvan a ser candidatos a los cargos desde donde cometieron los delitos», señala el pronunciamiento.
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