La Cancillería denunció en un comunicado el nuevo ataque israelí contra el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa).
La decisión busca en realidad “liquidar la cuestión de los refugiados palestinos y sus derecho inherente al retorno” a sus tierras», afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, criticó la campaña sistemática contra Unrwa desde el inicio del nuevo ciclo de violencia, el 7 de octubre del pasado año, que incluyó ataques contra sus empleados, sus edificios en la Franja de Gaza y sus caravanas con ayuda humanitaria.
En reiteradas ocasiones, funcionarios del gobierno de Benjamín Netanyahu acusaron a esa agencia de complicidad con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en el enclave costero, lo cual fue desmentido por ambas partes.
Ese país afirma, aunque sin presentar pruebas, que muchos trabajadores de la institución pertenecen a las milicias palestinas, que usan sus instalaciones como centros de mando y refugio.
Por su parte, el secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Hussein Al-Sheikh, afirmó que la votación de la Knesset (legislativo) demuestra el desprecio del règimen de Tel Aviv ese país a la comunidad internacional y sus organizaciones.
También el presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattouh, condenó la medida, aprobada la víspera.
“Esta ocupación terrorista (Israel) racista y anárquica, que cometió todo tipo de crímenes: robo, genocidio, confiscación de tierras y quema de niños, debe rendir cuentas” consideró.
Fattouh calificó la decisión de peligrosa y advirtió sobre sus dimensiones políticas al señalar que tiene como objetivo eliminar a las organizaciones internacionales que apoyan los palestinos.
Netanyahu está explotando la declaración de un estado de guerra para aprobar leyes racistas destinadas al genocidio, la limpieza étnica y el desplazamiento forzado contra nuestro pueblo palestino, denunció.
Mientras, el gubernamental movimiento Fatah afirmó que “las acciones y decisiones ilegales del régimen de ocupación son un desafío flagrante al derecho internacional”.
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