Tras petición esta mañana de quitar la inmunidad a Claudia Elizabeth Paniagua, Walter Paulino Jiménez y Luis Alfonso Rosales por el caso del Banco de los Trabajadores (Bantrab), el alto tribunal precisó que su función es defender el orden.
Mediante un comunicado, subrayó que cumple en su calidad de supremo intérprete de la Constitución del país, vela por el Estado de Derecho, la democracia, y el sistema de gobierno republicano y representativo.
El proceder, conforme al juramento de fidelidad a la Carta Magna, que oportunamente prestaron nuestros integrantes, es siempre objetivo, imparcial e independiente, remarcó.
La independencia del Tribunal es un principio de obligatoria observancia y respeto por parte de gobernantes y gobernados, señaló la CC en el texto.
La indebida injerencia, por cualquier medio, sobre las decisiones que asume, es punible acorde con las previsiones constitucionales y legales del país y atenta contra el principio democrático de separación de poderes, amplió.
Expuso que atenta contra la independencia judicial de esa Corte toda acción que pretenda incidir en sus decisiones, por lo que rechazó “cualquier acto que intente mermar el desarrollo independiente de la justicia”.
El alto tribunal advirtió que el hecho de que sus decisiones no concedan la razón al justiciable, no implica que se genere violación a la Constitución.
De acuerdo con analistas políticos locales, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo tiene en la CC, así como en el Ministerio Público, frentes abiertos que vulneran su gestión.
El propio mandatario anuló el nombramiento del titular del Bantrab, Jorge Mondal, el pasado 22 de mayo, pero el alto tribunal rechazó su decisión.
Antes, el 8 de febrero Arévalo revocó esa designación al no cumplir con los requisitos mínimos, pues el designado no trabajó 10 años en el sistema bancario con anterioridad.
El presidente de la Junta Directiva del Bantrab, propuesto por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024), fue también denunciado en el marco de este proceso por los delitos de perjurio y falsedad ideológica.
La CC, integrada en su mayoría por magistrados suplentes, le otorgó un amparo a Mondal el 11 de julio último y lo restituyó en el cargo.
El Ejecutivo de Guatemala –afirmó este miércoles- que ha sido respetuoso de las resoluciones de ese órgano, a pesar de que en varias ocasiones no ha comulgado con su criterio.
Sin embargo, añadió, no consentirá con dictámenes que ignoren hechos totalmente establecidos, con las cuales quedan impunes sus autores, ni pasará por alto aquellas que provoquen desprestigio al sistema financiero de la nación.
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