Así lo concluye una evaluación conjunta sobre la aplicación de esa legislación a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).
El informe considera esa ley como un hito en la historia nacional, pues reconoce que la población afrouruguaya ha sido víctima de racismo y discriminación desde la trata esclavista, además de proponer medidas reparatorias.
Al respecto la normativa establece que el ocho por ciento de los puestos de trabajo en el sector público debe ser destinado a personas afrodescendientes.
Sin embargo, en 2021 sólo el 2.7 por ciento de los ingresos en el sector público correspondieron a personas de ese grupo poblacional.
En algunos organismos, la cifra fue incluso inferior, mostrando una grave falta de compromiso con la ley, señala el reporte.
A pesar de la obligación de informar anualmente a la ONSC sobre el número de afrodescendientes contratados, el 43 por ciento de los organismos no presentó los informes correspondientes en 2021.
A la par, apenas el 18 por ciento de las dependencias públicas implementaron programas de capacitación específicos, lo que redujo significativamente las oportunidades de acceso y progreso.
También la distribución por género y edad muestra desigualdades significativas.
Las afrodescendientes representan sólo el 1.2 por ciento de los ingresos en el sector público, mientras que los jóvenes entre 18 y 24 años constituyen apenas el 0.8 por ciento.
El estudio considera que la deficiente implementación de la Ley 19.122 refleja un problema más amplio de racismo y discriminación en Uruguay.
Aunque esa legislación resultó un paso importante hacia la igualdad, los datos muestran que la discriminación estructural persiste en este país, concluye el informe.
ro/ool
