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jueves 25 de julio de 2024
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Cuestionan a Contraloría panameña por falta de transparencia

Ciudad de Panamá, 25 jul (Prensa Latina) Un informe de la Fiscalía de Cuentas publicado hoy en Panamá revela que la Contraloría General de la República (CGR) ignoró la mayoría de las peticiones de auditoría entre mayo 2020 y mayo de 2024.

El estudio señala que se remitieron a esa entidad que encabeza Gerardo Solís unas 52 solicitudes de esos controles, pero solo se abrieron cuatro de ellas. Por su parte, el diputado del partido Movimiento Otro Camino , Ernesto Cedeño , indicó que Solis no colabora con la fiscal de cuentas, Waleska R. Hormechea, con los pedidos de auditoría que necesita para iniciar las investigaciones, desde que está en el ejercicio del cargo.

Para el parlamentario, la gestión de Solís se ha caracterizado por negarse a realizar auditorías, no investigar y ocultar nombres en los registros oficiales.

En ese sentido, citó que la Contraloría escondió más del 50 por ciento de los beneficiarios de auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Según publicó el diario La Prensa, el Ifarhu expidió al menos 410 “adendas” a auxilios económicos expedidos entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, que sumaron 415 ,1 millones de dólares.

Detalla la investigación que en los datos aparecen cuatro mil 903 auxilios no reembolsables entregados por el Ifarhu; en el 56 por ciento de los desembolsos no figura el nombre del beneficiario, lo que supone que 142.01 millones de dólares fueron repartidos a discreción y sin criterios formales o reglamentos, en casi cuatro años.

A esto se suman las secuelas de la Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgánica de la CGR (anteriormente establecida por la Ley 32 de 1984), la cual continúa siendo percibida como un obstáculo en la batalla contra la corrupción.

La normativa fue demandada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en abril de 2023, recurso legal que fue admitido ese mismo año.

Entre otros retrocesos, la ley otorga discrecionalidad a la Contraloría para no realizar auditorías o investigaciones solicitadas por la Jurisdicción de Cuentas o el Ministerio Público.

También otorga facultades casi plenipotenciarias a la CGR y facultades de discrecionalidad al contralor, que pueden prestarse a la arbitrariedad, según las denuncias.

mem/ga

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