El mandatario, que se encuentra de visita en Francia, refirió por medio de su red social X que el gobierno tuvo en Name el mayor opositor, y que fue capaz de guardar en su escritorio la reforma pensional durante 13 meses, el único de los proyectos que a la postre logró luz verde en el legislativo.
Sobre el mismo congresista, afirmó que prefirió que millones de viejos dejaran de tener un bono pensional solo por hacer oposición, por su sectarismo y por su inquina personal contra el propio gobernante del país.
En esos términos se refirió Petro a un reporte televisivo difundido por Noticias Caracol en el que aseguran que su Gobierno habría sobornado a Name y al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle para que las reformas fuesen aprobadas.
El presidente acusó entonces al canal de hacerse eco de mentiras y de difundir un reportaje con inexactitudes insidiosas.
“Tengo que rechazar la afirmación del noticiero. Es malintencionada. No sé si el señor Name recibió o no coimas, pero de algo estoy seguro, además de su grosería permanente conmigo como presidente, el senador Name actúo como un filibustero intentando destruir las reformas presentadas por mi gobierno”, sentenció en X.
Las alegaciones de que el Gobierno habría pagado a Name y Calle para favorecer los proyectos del actual gabinete salieron a la palestra pública después de que se destapara un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El exsubdirector de esa entidad Sneyder Pinilla, a quien la Fiscalía imputa durante esta jornada junto con su exdirector Olmedo López por corrupción, hizo tales insinuaciones que el mandatario ha desmentido en múltiples ocasiones.
Otra de las personas implicadas sería Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y a quien Petro pidió su renuncia tras la develación del entramado de malversación.
Según Pinilla, Ortiz habría rentado una habitación en el Hotel Tequendama de esta capital para realizar las operaciones fraudulentas.
El Gobierno, no obstante, negó que tales gastos de alquiler hayan sido sufragados por las arcas públicas y presentó tres documentos para probarlo.
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