Acorde con un comunicado de la Presidencia emitido hoy, el texto estipula que la contratación de bienes y servicios por parte de órganos del Estado en todas las esferas del gobierno debe realizarse de acuerdo con un sistema que sea justo, equitativo, transparente, competitivo y rentable.
Asimismo, que la legislación nacional debe prescribir un marco dentro del cual se debe implementar una política de adquisiciones, se añade en el documento.
La Ley de Contratación Pública aborda las deficiencias en la adquisición de bienes y servicios por parte de órganos del Estado que en el pasado han permitido diversos grados de corrupción, incluida la captura del Estado, recuerda la Presidencia.
También responde al reconocimiento de que la legislación que regula la contratación estatal está fragmentada y limita el ascenso justificado de personas o categorías de personas que podrían proporcionar bienes o servicios. La nueva Ley, que será administrada por el ministro de Hacienda, se aplica a los ministerios, instituciones constitucionales, municipios, entidades municipales y entidades públicas.
En su letra la Ley enumera personas que no pueden presentar ofertas, incluidos los titulares de cargos públicos, los empleados del Parlamento o de las legislaturas provinciales y los funcionarios o empleados de, entre otros, entidades públicas, instituciones constitucionales, municipios y entidades municipales.
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