Durante la fase de presentación de pruebas como parte del juicio político contra la canciller en la Comisión de Fiscalización del legislativo, la asambleísta Jhajaira Urresta afirmó que existiría un posible conflicto de intereses por parte de Sommerfeld.
De acuerdo con Urresta, la funcionaria y su familia sacaron ventaja de la suspensión de vuelos entre México a Ecuador luego del allanamiento a la sede diplomática el 5 de abril pasado porque tiene acciones en una de las compañías beneficiadas.
Las aerolíneas que cubren la ruta Ecuador-México son dos: Copa y Avianca. La última es la empresa en la que, presuntamente, la familia de la canciller tendría acciones, dijo la parlamentaria.
Urresta expuso que la acusada cometió al menos nueve violaciones a leyes nacionales e instrumentos internacionales e insistió en que la funcionaria debió asesorar al presidente, Daniel Noboa, para no ejecutar una barbarie.
También acusó a la miembro del gabinete gubernamental de que su padre, Enrique Patricio Sommerfeld, sería uno de los mayores vendedores de armas que opera en Ecuador.
En su defensa, Sommerfeld afirmó que se trata de un juicio en contra de Ecuador, pues en su opinión las acusaciones no tienen que ver con el incumplimiento de las funciones y atribuciones que le otorgan la Constitución y la ley.
Asimismo, señaló que sus acusadores pretenden confundir asuntos de política internacional con temas comerciales que deben ser tratados con mucho cuidado y sensibilidad. En cuanto a los hechos del 5 de abril, Sommerfeld defendió lo actuado ese día en virtud de normas que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes, en referencia al exvicepresidente Jorge Glas.
Respecto a la irrupción y allanamiento de la embajada en Quito y la negativa de conceder el salvoconducto a Glas, que ya tenía asilo, la ministra aclaró que esas son atribuciones exclusivas del presidente.
El juicio político contra Sommerfeld, acusada de incumplir sus funciones, deberá definirse en el plenario de la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Fiscalización emita la próxima semana un informe en el cual recomiende o no su censura y destitución.
El asalto a la embajada de México provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país y sendas denuncias ante la Corte Internacional de Justicia.
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