La decisión se informó tras la situación surgida hace tres días, cuando tropas del Ejército detuvieron una caravana en la que se trasladaban varios comandantes insurgentes y procedieron a la detención de estos en Antioquia (noroeste).
De acuerdo con el comunicado divulgado de manera conjunta por la Comisión de la Mesa de Paz del Gobierno Nacional y los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el Frente Raúl Reyes, hoy se realizó una reunión para analizar dichos sucesos.
Se conformó un grupo de trabajo con la Oficina del Comisionado Consejero de Paz, delegados del Ministerio de Defensa, de la Unidad Nacional de Protección y de la Mesa de Diálogos para revisar los protocolos de esquemas de protección y traslados de los mimebros de la Mesa, del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación y de los guerrilleros.
La Comisión Jurídica Mixta dará seguimiento y acompañamiento a la situación jurídica y de reclusión de los integrantes de la delegación a la mesa por parte del Estado Mayor de los Bloques en conversaciones que continúan detenidos y a los procesos iniciados por disposición de la Fiscalía, apuntó el texto.
Asimismo, añadió la comunicación, se hará una reprogramación de las actividades acordadas en el Ciclo V que culminó el 16 de julio, de modo que se retomen a la mayor brevedad para atender a los compromisos que se tienen con las comunidades, autoridades territoriales y nacionales y demás integrantes de las comisiones y mesas.
Refrendó asimismo el comunicado que las delegaciones reiteran el compromiso con los objetivos de paz, con el estricto seguimiento a los acuerdos y protocolos.
Según difundieron medios locales hace tres días, las autoridades apresaron a al menos siete guerrilleros, de los cuales algunos fueron liberados horas después por la Fiscalía por contar con el levantamiento de sus órdenes de captura, como alias Calarcá, líder del frente Magdalena Medio.
En tanto, otros como alias Firu, comandante del frente 36, quedó a disposición de las autoridades competentes y el Juzgado Tercero penal ambulante de Antioquia legalizó su captura debido a una orden vigente en su contra por varios delitos.
Debido a esa situación, se debilitó la confianza en el proceso, según declaró ayer Camilo González, jefe negociador del Gobierno con las facciones del grupo armado actualmente presentes en la Mesa de Diálogo.
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