Así lo alertó recientemente la ministra de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Martha Carvajalino, tras una decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible una parte de la Ley 2294 de 2023, relacionada con la recuperación de baldíos ocupados de forma indebida, deslindes de la nación y extinción agraria.
Denunció la funcionaria que dicho fallo constituye un serio obstáculo contra el cumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz de 2016.
También la Agencia Nacional de Tierras (ANT) deploró la sentencia, que le quita a esa entidad la facultad para decidir en disputas sobre tierras cuando se tiene sospecha de que son baldíos del Estado apropiados ilegalmente por particulares.
Debido al fallo, esos litigios deberán ser resueltos ahora por un juez y dejan en el limbo unos 20 mil procesos agrarios según explicó el presidente de la institución, Juan Felipe Harman.
Tanto la Agencia, como la ministra Carvajalino, anunciaron que presentarán un proyecto de ley para recuperar las facultades que la ANT perdió por el fallo de la Corte.
“Suspender los procesos agrarios es suspender la posibilidad de alimentar el Fondo Nacional de Tierras, y con ello, el cumplimiento del primer punto de Acuerdo Final de Paz”, remarcó.
Refirió Carvajalino que el Gobierno Nacional insistirá en proponer las iniciativas necesarias, ante instancias como el Congreso de la República, para que haya una administración de tierras ajustada a los principios del régimen agrario y justa con el campesinado, y según lo contemplado en el Acuerdo Final de Paz.
“Queremos que el campesinado cuente con este Gobierno para defender las rutas necesarias y hacer del campo un campo justo y en paz; un campo que transforme a Colombia en una potencia agroalimentaria y una Potencia Mundial de la Vida”, afirmó.
Recientemente, la exministra de Agricultura Jenifer Mojica alertó que el pasado 24 de julio se cumplió un año de la aprobación de la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Agraria, y por lo tanto expiró el plazo que el mismo legislativo dio para la reglamentación del procedimiento, lo que se adiciona a los escollos en este ámbito.
La demora en el proceso de entrega de tierras inquieta a los colectivos campesinos de Colombia que regularmente protagonizan marchas y protestas en diversas localidades del país.
Según datos gubernamentales, en los últimos dos años se han comprado 135 mil hectáreas de tierras a los grandes tenedores para usarlas en la Reforma Agraria, solo el 4,5 por ciento de los tres millones que establece el Acuerdo de Paz.
De acuerdo con declaraciones del director de la ANT, este proceso de adquisición se complica debido a problemas asociados con el levantamiento topográfico de las diferentes regiones de Colombia, y la otra tiene que ver con propietarios cuya tenencia legal de la tierra es cuestionable pues carecen de papeles que así lo avalen.
El segundo de los elementos en el que busca avanzar el Gobierno es en la formalización.
La meta es entregar títulos sobre siete millones de hectáreas ya ocupadas, pero hoy en una situación jurídica irregular, y de lo cual solo se ha completado un millón 300 mil.
Es ante todo este contexto que el Gobierno decidió entonces presentar el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, tal y como lo anunció la ministra Martha Carvajalino.
El presidente Petro, por su parte, ha alertado en varias ocasiones que depende de muchas voluntades en Colombia llevar adelante la Reforma Agraria y revertir que el 85 por ciento de la tierra esté en manos del uno por ciento de la población.
“No tenemos instrumentos reales para hacer una Reforma Agraria que no sea comprar por venta voluntaria la tierra. Este es un tema crucial para la paz, para la no violencia, para construir una cultura democrática y pacífica. Los Congresos no se concentran en estudiar si es bueno obstruir justicia social en los campos de Colombia”, afirmó.
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