No les alcanza con empobrecer y estigmatizar, sino que avanzan con propuestas que criminalizan la infancia de nuestra patria mientras le niegan la comida, advierte un informe de esa organización.
Además, explica que la cantidad de adolescentes entre 13 y 17 años en Argentina es de 3,5 millones, de los cuales solo cuatro mil 299 cumplen una medida penal, es decir, el 0,12 por ciento del total.
Ello muestra que la proporción es extremadamente baja y su incidencia en los problemas de inseguridad es prácticamente nula. Un sistema penal para esas edades debe tener como perspectiva la inclusión social y no la segregación carcelaria, que sólo estigmatiza y profundiza el problema, alerta.
Asimismo, considera necesario un régimen penal juvenil respetuoso de los derechos humanos, los marcos normativos y los tratados internacionales.
ATE señala que no es recomendable bajar la edad de imputabilidad pues se trata de una medida ineficaz y contraproducente, que no garantiza mayores niveles de seguridad, sino que empeora la situación y tiende a mostrar a los adolescentes pobres como delincuentes.
Es necesario que el Estado garantice la educación de los menores, oportunidades, trabajo para sus familias, promoción de sus derechos, y las condiciones para que los adultos puedan ejercer su cuidado y protección, afirmó la organización sindical.
El proyecto es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad, el cual implica que no se puede retroceder en materia de derechos adquiridos. La actual legislación establece que la edad de punibilidad es a partir de los 16 años, añade.
También recuerda que la criminalización de adolescentes con penas severas y más encierro, lejos de producir cambios positivos que faciliten su integración social, suelen afirmar y consolidar en los jóvenes identidades y hábitos violentos, vinculados a la comisión de delitos.
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