Un comunicado firmado por tres expertos de derechos humanos de la ONU consideró preocupante el impacto de la reclasificación desde 2021 de la mayor de las Antillas en la lista del Departamento de Estado norteamericano, conocida como SSOT.
“Según se informa, la ampliación de las restricciones relacionadas ha profundizado el aislamiento internacional del país durante más de 62 años como resultado del embargo estadounidense”, dijeron los expertos.
El retorno a la lista provoca restricciones económicas y financieras adicionales con efectos adversos acumulados sobre la capacidad del país para satisfacer las necesidades de su población en un momento crítico en el que la isla enfrenta serios desafíos económicos, agregaron.
“El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a las restricciones impuestas a Cuba como resultado del prolongado embargo y la reciente redesignación del SSOT”, consideraron.
De acuerdo con el texto, esa designación unilateral contradice los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el principio de igualdad soberana de los estados, la no intervención en los asuntos internos y la solución pacífica de las controversias internacionales.
Entre otras consecuencias, advirtieron, la reinclusión provoca restricciones comerciales adicionales con la ampliación de artículos prohibidos; suspensión de la asistencia financiera y técnica por Estados Unidos; así como oposición activa al otorgamiento de préstamos a Cuba por parte de instituciones financieras internacionales.
Además, presenta potenciales amenazas de interrupción de la asistencia del Gobierno norteamericano a otros estados que brindan ayuda a Cuba como país incluido en la lista.
Esto se suma a los desafíos que ya enfrenta el pueblo de Cuba durante los últimos años, junto con las graves perturbaciones causadas por la pandemia de Covid-19, los desastres naturales y los acontecimientos económicos y financieros internacionales, agregaron.
De acuerdo con los expertos, la designación ha exacerbado la incertidumbre y el temor entre los estados, las empresas y otras partes interesadas que desean mantener o desarrollar relaciones comerciales u otras relaciones con la mayor de las Antillas.
Esto ha dado lugar a un cumplimiento excesivo que tiene graves repercusiones humanitarias, incluso en la asistencia humanitaria y para el desarrollo, y en la disponibilidad de bienes esenciales, como alimentos y medicinas, alertaron.
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