El Ejecutivo sometió su nueva iniciativa, ante los entes a los que acudió con el primer texto, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tras la resolución de inconstitucionalidad dictada por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informaron en conferencia de prensa el mandatario y la ministra de la Presidencia Laura Fernández.
Ambas autoridades divulgaron también una nueva versión de la solicitud de referendo defendida desde hace varias semanas por el Gobierno para someter ante la población la denominada “Ley Jaguar para el desarrollo de Costa Rica” y cuestionada por sectores legislativos y oficiales.
La Sala IV de la CSJ, conocida oficialmente como Sala Constitucional, confirmó la iniciativa como contraria a la Carta Magna, lo cual coincide con criterios sobre el texto en distintos foros durante las últimas semanas por parte de personalidades y organismos del Congreso y del propio Ejecutivo.
El análisis que condujo a la sentencia de la Sala IV, votada por la mayoría de sus miembros, respondió a una consulta del TSE sobre si la controvertida propuesta era o no constitucional.
Los magistrados de la Sala IV convinieron en la inconstitucionalidad de cláusulas del proyecto de norma legal, concebido por el Ejecutivo para someter a la consulta popular de un referendo, que, además, debilita el sistema de fiscalización de la Contraloría.
La sesión de la Sala IV que adoptó la víspera esa decisión observó vicios de constitucionalidad en todos los artículos consultados de la denominada Ley Jaguar, precisó la oficina de prensa del Alto Tribunal.
Los motivos del proyecto que riñen con la Ley de Leyes de Costa Rica –agregó la fuente- afectan otras atribuciones constitucionales de la Contraloría General de la República, a la cual se le quitan herramientas para ejercer sus funciones de control.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo pretende reformar el artículo 11 de la Ley de la Contraloría, con la finalidad de suprimir su fiscalización sobre la legalidad de los controles y de la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
Numerosas sesiones de la Asamblea Legislativa durante las últimas semanas analizaron la iniciativa legal del Ejecutivo, sin que los parlamentarios llegaran a consenso sobre su constitucionalidad, por lo que sometieron de forma reiterada el tema a consulta de la Sala IV, hasta llegar a esta respuesta de sus magistrados.
npg/apb
