Para algunos analistas, la iniciativa del también presidente de la comisión permanente de Gobierno de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) podría allanar el camino a la salida del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado a más 10 años de cárcel por blanqueo de capitales y asilado en la embajada aquí de Nicaragua desde el 7 de febrero último.
El llamado «amigo fiel» de Martinelli, el fundador de RM, explicó en plenario que el indulto es una causa de extinción de la acción penal y la pena.
El beneficio, según lo que leyó Camacho, es de “carácter individual”, mientras que el presidente de la República en ejercicio tendrá la potestad de definir cuándo la situación es de orden político.
“Lo más importante de este anteproyecto de ley es la definición que nos corresponde a nosotros, la Asamblea Nacional, no al Órgano Judicial, porque si bien los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen iniciativa legislativa, ellos no pueden legislar a través de sus fallos”, precisó.
Camacho reiteró que es el momento en que la Asamblea juegue el rol que le corresponde y agregó que la justicia panameña se “vio contaminada al activarse la judicialización de la política a través de una serie de acciones que surgieron con la creación de un organismo paralelo al organismo natural de la investigación», indicó.
El diputado aseguró además que se ha cercenado la facultad del órgano Ejecutivo para conceder indultos políticos y la facultad de la Asamblea para conceder amnistía
Camacho es uno de los diputados leales a Martinelli que han manifestado públicamente su desacuerdo con los casos judiciales en su contra, abogando por su liberación y la apertura de nuevas investigaciones a su favor.
El 24 de octubre del año pasado, un tribunal competente confirmó la condena de más de 10 años de prisión contra el exmandatario por lavado de dinero en el caso New Business
Esa instancia confirmó además que el exgobernante deberá pagar una multa de 19,2 millones de dólares, como pena accesoria.
También se le decomisarán en favor del Estado todas las acciones de Editora Panamá América, SA (Epasa), su administración e instalaciones (bienes muebles e inmuebles), para cuya compra en 2010 erogó fondos públicos, según la Fiscalía.
El caso New Business comenzó en el 2017 y tiene relación con la compra con presuntos fondos públicos de la Editorial Panamá América SA (Epasa) por 43.9 millones de dólares en diciembre de 2010 cuando Martinelli era presidente.
Esa investigación consta de 164 tomos y de acuerdo con la Fiscalía, los desembolsos fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura, acciones ejecutadas en el período 2009-2014.
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