En un comunicado emitido por la cancillería, el Estado mexicano señaló que reconoce el importante e indispensable papel de la Agencia en sus 75 años de existencia, en tanto que su labor es fundamental para asegurar el ejercicio de los derechos humanos.
Además, para brindar asistencia humanitaria, incluyendo servicios básicos y de emergencia, a casi seis millones de refugiados palestinos en Jordania, Líbano, Siria, la Franja de Gaza y Cisjordania.
«En ese sentido, nos congratula que distintos países donantes han reanudado sus contribuciones voluntarias financieras a la Agencia», manifestó en el texto.
Señaló que, a la vez que refrenda su respaldo económico a la Unrwa, encomia sus esfuerzos los cuales se despliegan en consonancia con las resoluciones pertinentes de la ONU y con los principios humanitarios de neutralidad, humanidad, imparcialidad e independencia.
Esto lo demuestra también el establecimiento inmediato de la revisión externa independiente de la Agencia, el respaldo del secretario general a las recomendaciones de la revisión y el compromiso del comisionado general de aplicar las recomendaciones de la revisión, añadió el gobierno de México.
«En ese sentido, México reafirma su apoyo a la neutralidad e inviolabilidad de la Unrwa, y enfatiza que ninguna organización puede remplazar o sustituir su capacidad, particularmente ante la compleja coyuntura que padecen miles de civiles en el territorio palestino ocupado», remarcó.
Diversas voces en el mundo rechazan la intención de la Knéset (Parlamento israelí) de declarar terrorista a la Unrwa.
Recientemente, dicha instancia aprobó en primera lectura tres proyectos de ley destinados a prohibir las actividades de la Unrwa, a la que acusa de tener vínculos con el grupo islamista Hamás, que serán firmes cuando superen la segunda y tercera lecturas.
El primer proyecto de ley tiene como objetivo prohibir a la organización operar en territorio israelí; el segundo está encaminado a despojar al personal de la Agencia de las inmunidades y privilegios legales otorgados al personal de la ONU en Israel; y el tercero, busca calificar a esta agencia como una organización terrorista, lo que exigiría que Israel rompa sus vínculos con ella.
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